Felipe V impuso una monarquía absoluta inspirada en la francesa tratando de convertir la corte real en el único centro de decisión. El rey castigó a los territorios de la Corona de Aragón por considerar que lo habían traicionado e invocó el derecho de conquista. Mediante los Decretos de Nueva Planta (1707-1715) abolió las Cortes, fueros, diputaciones generales, aduanas y sistemas fiscales de la Corona de Aragón, siendo sustituidas en su mayor parte por otras de nueva creación. Esto supuso la unión jurídica e institucional de España logrando una administración centralizada; sólo Navarra y las Provincias vascas conservaron sus fueros y su sistema fiscal por su fidelidad al bando borbónico durante la guerra.
De esta manera, el gobierno polisinodial de los Austrias fue sustituido por el de gabinetes estatales formados por ministros o secretarios. Las funciones de los antiguos Consejos se trasladaron a las Secretarías de Estado y de Despacho, divididas en Guerra, Marina, Estado y Justicia, siendo el antecedente de los actuales ministerios. Las Cortes de los diferentes reinos (salvo las navarras), se integraron en las Cortes Generales del Reino, que en la práctica sólo se convocaban para jurar a los herederos de la Corona.
Durante el reino de Fernando VI (1746-1759) se planeó la reforma de la Hacienda Real, comenzando por Castilla, diseñando una única contribución. Para ello el marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, elaboró el catastro, un estudio de los habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, e incluso las características geográficas de cada población, para así recaudar impuestos de una manera más eficiente y ajustada. Esta reforma se vio frustrada por la oposición del clero y la nobleza (que seguían sin pagar impuestos), haciendo patente el poder que mantenían los estamentos privilegiados y los límites reales de la monarquía absoluta.
La mayoría de la población vivía en áreas rurales y sobrevivía mediante una agricultura y ganadería de subsistencia. El problema era que alrededor del 75% de la tierra pertenecía a los estamentos privilegiados, pudiendo distinguirse las llamadas “manos muertas” de la Iglesia (terrenos que no se podían vender), los mayorazgos de la nobleza (conglomerados de terrenos destinados de manera indivisible en herencia al primogénito) y los realengos (propiedades del rey). Este sistema era criticado por los Ilustrados (fisiócratas) al estar muchas de estas propiedades abandonadas y no ser productivas.
Carlos III (1759-1788) llevó a cabo reformas económicas como la cesión de tierras despobladas en Sierra Morena para que fueran pobladas por familias de colonos (1767) y la liberalización del comercio de cereales (1765). También desplegó políticas regalistas con la disolución de la Compañía de Jesús (1773), por su carácter antirreformista. Además, a lo largo del siglo, los soberanos fundaron manufacturas reales (tapices, vidrio, artillería, textiles, etc.) que, aunque crearon muchos puestos de trabajo, a la larga resultaron poco rentables.
Se procuró mejorar la explotación de los virreinatos americanos para obtener más recursos. Para ello se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, que se segregaron del de Perú. Sin embargo, el cambio más trascendental fue el fin del monopolio comercial de la Corona y del sistema de la Flota de Indias. Entre 1765 y 1778, Carlos III permitió el libre comercio entre varios puertos españoles y americanos, lo que estimuló ciertas exportaciones, especialmente de licores y textiles catalanes, lo que aportó un notable auge a las manufacturas de Cataluña. Estas reformas no estuvieron exentas de críticas e, incluso, de rebeliones, como la liderada por el indígena Tupac Amaru en Perú contra la mita y la esclavitud.
